Milei en la Balanza: $LIBRA y el Esta(do)fador (2da. Parte)

Milei en la Balanza.

Hace unos días cobró notoriedad, más en los medios contrarios al actual gobierno argentino, la supuesta estafa asociada a la cripto $LIBRA. Buscando implicar al economista libertario, el presidente Javier G. Milei.

Explicaré desde el punto de vista económico, por qué no puede considerarse estafa, y algunos argumentos que cuestionan su expertise o la veracidad de los datos.

Expondré además los hechos de quién, en mi opinión, sí es el gran estafador. Publiqué lo estrictamente jurídico en la pare anterior. Aquí

Argumento de la estafa.

Por teoría económica, el hecho no encaja en la definición de estafa, se alinea con la dinámica de un mercado especulativo donde los agentes actúan libremente bajo su propio riesgo.

Su publicación en X pudo amplificar la demanda y el precio del token, pero esto es un fenómeno de mercado, no un acto de fraude. Sin evidencia de dolo, control del proyecto o beneficio personal, la acusación se debilita.

En todo caso, el debate podría centrarse en la prudencia de un presidente al difundir proyectos sin verificar, pero eso es más una cuestión ética o política que económica.

Por mencionar un caso testigo muy reciente, la investigación de la estafa de Nación Seguros S.A. con implicación directa del reciente expresidente argentino Alberto Fernández¹.

Argumento de descalificar su expertise: los números responden.

Se cuestiona su capacidad económica por promocionar $LIBRA, pero sus resultados desmienten esto.

Tras el desastre económico, social y sanitario recibido de la gestión Fernández-Fernández-Massa, con la inflación acumulada de 1.147%² y la pobreza al 41,7%, pero con todos los precios del IPC y el dólar controlados³, a lo que por medición de línea ingreso-canasta, la situación real era peor.

Cuando la actual administración liberó el cepo de los precios, al sincerar los valores por el cálculo real de la canasta de bienes de referencia, la pobreza se ubicó en 52,9%, valores no atribuibles a la actual administración.

Milei logró reducir la inflación mensual de 25,5% en diciembre 2023 a 2,2% en enero 2025, un déficit fiscal recibido del 15% revertido a superávit financiero, y en pobreza 33,5% a enero 2025 presentando una baja de 19,4 puntos desde el pico de 52,9%, según la UTDT².

Estos logros, en apenas un año (solo en lo que respecta a economía), invalidan cualquier crítica a su expertise.

Argumento de falsear los datos oficiales.

Falsear datos oficiales no es cosa sencilla, como constató el ministro de Comercio Interior Guillermo Moreno⁴ del gobierno de Cristina Fernández, condenado a 3 años de prisión por alterar el IPC (más adelante volveré al punto).

Cómo en aquella oportunidad las consultoras privadas, las universidades, que hacen cálculos en paralelo, y el propio FMI lo advierten. Hoy ninguna institución seria, está cuestionando los datos del actual gobierno.

Si fuera fácil modificar a placer los números para intentar engañar a la población, ¿por qué no lo hicieron en el gobierno anterior? Cabe destacar que las personas encargadas de dichas mediciones son las mismas y utilizan igual metodología.

El riesgo asumido en cripto activos.

El precio de cualquier bien surge de la interacción entre oferta, inicialmente los creadores del token, y demanda, quienes desean comprar esperando beneficiarse en el futuro.

Al comprar algo, esperamos hacer un buen “negocio”, tecnicamente “especulación”. Valorando menos el dinero que entregamos, nuestro bien de intercambio indirecto, que el bien que estamos recibiendo, dinámica típica de un mercado libre, si es que aún existe tal cosa.

Así, los intercambios ocurren por las diferencias en las valoraciones subjetivas entre los participantes, y de cada uno respecto de los bienes que cambiamos, si asignamos el mismo valor, no hay transacción, pues nuestra satisfacción no cambia.

En el supermercado, por ejemplo, los bienes que adquirimos valen más para nosotros que el dinero que entregamos, mientras el supermercado valora más nuestro dinero; así, todos ganan.

En este caso, las transacciones también fueron voluntarias, y las quejas o culpas podrían reflejar una tendencia a no asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Algo común en un mercado tan volátil donde las pérdidas totales no son raras.

El Gran Estafador: el Estado.

Sólo cuando aparece un “tercero” a regular por la fuerza la transacción entre dos individuos, lo que Murray Rothbard llamó en su libro “Poder y Estado”, violencia triangular; ambos pierden y la diferencia la lleva el estado.

Al querer culpar a algún entusiasta amante del mundo privado, también debemos considerar algunas situaciones en lo que podemos, bajo la misma vara, calificar de estafa y así poner en la “balanza” los hechos diarios.

Una frase que repite el presidente argentino calificando a los gobiernos (en los hechos sinónimo de estado), es la del “ladrón estacionario” o “permanente”, con todo el aparato de la fuerza a su disposición.

Mientras que un delincuente común se arriesga para obtener su botín, ya que cuenta con que podremos defendernos; dependiendo del grado de defensa que nos permita la ley.

A continuación, algunos ejemplos de las estafas estatales más comunes en nuestros países. Falsificación de la moneda, monopolios estatales, el juego entre ellos y al final expongo ejemplos de las grandes estafas que ha sufrido el pueblo argentino en el siglo XXI, y que pesan hoy sobre su economía.

Falsificación de la moneda como estafa.

Nos enseñaron en la facultad que el gobierno, en su política monetaria, proveerá la necesaria cantidad de moneda en cada oportunidad, útil como facilitador de las transacciones, un medio de intercambio indirecto.

Al ser la moneda de “curso forzoso”, esos nuevos papeles sin valor intrínseco (dinero fiduciario) que el estado emite constituye una falsificación del dinero ya en circulación.

Ludwig von Mises indica en su libro “Teoría del dinero y el crédito” que cualquier cantidad de dinero es óptima para los intercambios, y que el dinero no es, ni puede ser neutral, nunca.

También nos enseñaron la imprescindible función del Banco Central de estabilizar la economía y con objetivos finales en pro del crecimiento económico y la estabilidad monetaria.

Lo cierto es que el BC solo puede entorpecer la actividad económica, trasladando riqueza desde los sectores pobres a los ricos, por la redistribución ocasionada con la emisión (creación primaria) y del dinero bancario creado con el crédito (creación secundaria), que ya mencioné en el post anterior “Conexión Ganadera…”.

El monopolio del Estado en Uruguay.

Desde la reforma constitucional de 1917, el gobierno uruguayo estableció el “dominio industrial del estado”, abarcando inicialmente al BROU (fundado en 1896) y al BSE (creado en 1911).

Aquellas entidades y otras creadas a posterior (más monopolios) que, bajo el pretexto de ofrecer servicios estratégicos, obligan a los ciudadanos con prestaciones caras, ineficientes y sin posibilidad de reclamo, “salvándonos” de males peores, el sector privado.

Como señala Murray Rothbard, el Estado opera bajo la lógica de culpar siempre al cliente ante cualquier descontento (de “el cliente siempre tiene la razón” a “el usuario siempre tiene la culpa”).

Así, Uruguay soporta algunos de los servicios estatales más costosos del mundo —electricidad, agua, combustibles, telefonía fija y datos—, tanto en términos absolutos como relativos.

La “Timba” de nuestro gobierno.

En Uruguay, el juego está monopolizado por el Estado a través de la Dirección General de Casinos y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas⁵.

Spots publicitarios promocionan estas apuestas como “seguras” y “responsables”, contrastándolas con sitios clandestinos. Presentan el juego como una actividad socialmente aceptada y tradicional, lo que podría minimizar su percepción de riesgo, similar a la “estatización” de la marihuana.

 Sin embargo, usuarios en X critican al Estado por “normalizar la ludopatía”, destacando la contradicción con sus campañas contra la adicción.

Toda apuesta, sea en casinos estatales o criptomonedas, implica el riesgo de perderlo todo. Si alguien pierde, ¿culparía al Estado por inducirlo mediante publicidad pagada con impuestos? En el juego legal, el Estado se beneficia directamente de las pérdidas, algo no probado en el caso de Milei con $LIBRA.

¿No sería más lógico, entonces, acusar al Estado de estafador? Como adultos, sabemos que apostar conlleva riesgos; culpar a otros por nuestras decisiones evade la responsabilidad. El Estado parece más interesado en que juguemos y perdamos en sus sistemas que en prevenirlo.

Grandes Estafas del Estado argentino a la población en el siglo XXI.

Pesificación asimétrica (2002).⁶

Bajo el gobierno del peronista Eduardo Duhalde, con el Decreto 214/2002 pesificó depósitos a 1,40 pesos por dólar y deudas a 1 peso, para luego devaluar a 4 pesos la moneda argentina.

La medida afectó a los ahorros atrapados en el “corralito” (restricción bancaria decretada en dic/2001 por el Decreto 1570/2001), que impedía retiros masivos en efectivo.

Licuando (robando) el 75% de los ahorros en esos primeros 9 meses. Los bonos CER (creados el 6/2/2002) y su ampliación en el canje de 2005 (quita del 65-70%) intentaron corregir la posición de deuda del país, una estafa adicional.

Manipulación del INDEC (2006-2015).⁷

Con la intervención del INDEC y la falsificación del IPC, fueron afectados los bonos CER, costándole a los argentinos 1.500 millones de dólares en fallos internacionales.

El caso avanzó recientemente y, además de la condena impuesta a Guillermo Moreno, se realizó un depósito de fianza por 337 millones de dólares en los tribunales internacionales.

EL Robo a los jubilados (estatización de ahorros del sistema privado, AFJP).⁸

En 2008, a pesar de la negativa por consulta previa a la población, Cristina Fernández y Amado Boudou (titular de ANSES) enviaron el proyecto al Congreso para eliminar las AFJP y unificar el sistema en un régimen de reparto estatal.

Diputados aprobaron esa Ley 26.425 con 162 votos a favor y 75 en contra; el Senado la sancionó con 46 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención. 

El sistema jubilatorio fue desfinanciado aún más, entre 2008 y 2016, incorporaron cerca de 3,7 millones de jubilados sin aportes suficientes, mediante las denominadas moratorias previsionales, empeorando la situación de todos los jubilados.

Estatización de YPF (2012).⁹

Axel Kicillof, ministro de economía de Cristina Fernández impulsó la expropiación sin Oferta Pública de Acciones a socios minoritarios, violando los estatutos, generando así una condena de 16.100 millones de dólares en 2023, sumando más de 21.000 millones con el pago a Repsol.

Conclusión.

El caso $LIBRA no es una estafa, sino un riesgo propio de mercados especulativos, mal interpretado para atacar a Milei.

Sus logros económicos en un año desmienten críticas a su capacidad, mientras el Estado, con su historial de intervenciones (pesificación, INDEC, AFJP, YPF), emerge como el verdadero “ladrón estacionario”.

En Argentina y Uruguay, la coerción estatal ha costado más que cualquier cripto fallida, evidenciando dónde recae la verdadera estafa estructural.

Referencias Bibliográficas.

Murray N. Rothbard. Poder y Mercado (1970). https://drive.google.com/file/d/15Ezs8nJi-Qx8QCY0uJtJEst8g7Z9rFAY/view

Murray N. Rothbard. Por una Nueva Libertad (1973). https://drive.google.com/file/d/1yhnG4YW-RLHa9e8kkeJpQCa7RJmsmn8T/view

Ludwig von Mises. Teoría del Dinero y el crédito (1912). https://archive.org/details/teoria-del-dinero-y-del-credito-ludwing-von-mises/mode/2up  

Notas y Referencias Oficiales.

1. Fraude de los Seguros, documento clave: Decreto 823/2021, firmado por Alberto Fernández el 2 de diciembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253806/20211202 , que ordenó a los organismos públicos contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.

2. Estadística de Inflación y pobreza: Informe UTDT: González-Rozada, M. (2025). Nowcast de Pobreza: Estimación de la incidencia de la pobreza en Argentina. Universidad Torcuato Di Tella. https://www.utdt.edu/profesores/mrozada/pobreza

Inflación acumula anual: Período anterior: 2019=53,8%; 2020=36,1%; 2021=50,9%; 2022=94,8% y 2023=211,4%. Actual: 2024=117,8%. Los datos se encuentran en Informes INDEC de Inflación desde 2011: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-31

3. Principales Decretos de Controles de Precios del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) para buscar contener la inflación. Textos disponibles en www.boletinoficial.gob.ar (buscar por fecha y nro. de decreto): 

• Decreto 287/2020 (17/03/2020): Amplió la emergencia sanitaria y lanzó Precios Máximos, fijando precios al 6/03/2020 para 2.500 productos esenciales (alimentos, higiene, medicamentos). 
• Decreto 351/2021 (13/04/2021): Reforzó Precios Cuidados con 670 productos de consumo masivo, autorizando revisiones trimestrales. 
• Decreto 643/2021 (20/10/2021): Congeló 1.432 productos al 1/10/2021 hasta el 7/01/2022. 
• Decreto 823/2022 (11/11/2022): Creó Precios Justos con 1.800 productos (luego más de 2.000), pactando aumentos del 4% mensual hasta diciembre de 2023. 
• Decreto 433/2023 (25/08/2023): Extendió Precios Justos con unos 2.000 productos tras la devaluación post-PASO.

4. Ministerio Público Fiscal y la Condena a G. Moreno: https://www.mpf.gob.ar/pia/condenan-a-guillermo-moreno-por-abuso-de-autoridad-en-la-causa-por-la-manipulacion-de-datos-en-el-indec/

5. Monopolio del juego en Uruguay: la Ley N.º 1595 del 16/12/1882, prohíbe los juegos de azar, excepto aquellos autorizados por el Estado. Luego, el Decreto-Ley N.º 14.335 de 1974 reafirmó esta posición, facultando al Estado para explotar casinos directamente o a través de concesiones.

6. Pesificación Asimétrica (2002) y bonos CER: Tras la crisis financiera de 2001, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, abandonó en 2002 la Convertibilidad establecida por Carlos Menem en 1991, que había fijado el peso al dólar en paridad 1 a 1 durante 11 años.

El Decreto 214/2002 instauró la Pesificación Asimétrica, respaldada por políticos de entonces (muchos aún en el Congreso), convirtiendo depósitos en dólares a 1,40 pesos por dólar y deudas bancarias de privados y empresas a 1 peso por dólar, sin modificar las deudas con el Estado.

Entre febrero y junio de 2002, el peso se devaluó hasta los 4 pesos por dólar en el mercado paralelo, reduciendo el valor de los ahorros en un 75% en 9 meses. Esto perjudicó a ahorristas y acreedores, mientras benefició a deudores al licuar sus obligaciones y al Estado, principal deudor, emulando los efectos inflacionarios.

Para amortiguar el impacto, el 6/02/2002 se crearon los bonos CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), ajustados por inflación según el IPC, como parte de la reestructuración de la deuda pública post crisis.

En 2005, bajo Néstor Kirchner, el canje de deuda por el default de 2001 emitió nuevas series de bonos CER, como los Boden CER, junto a los bonos Par y Descuento, con una quita del 65-70% del valor nominal, dirigidos a acreedores locales y externos. Decreto: https://www.economia.gob.ar/digesto/decretos/2002/decreto214.htm

7. Manipulación del INDEC (vuelven a estafar a los tenedores de bonos CER): Durante la gestión de Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior bajo Cristina Fernández de Kirchner, el INDEC fue intervenido desde 2006 para manipular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y subestimar la inflación real.

El falseo afectó a los bonos CER (ajustados por inflación), reduciendo sus pagos y perjudicando a inversores, quienes hoy reclaman compensaciones en tribunales internacionales.

En 2024, Moreno fue condenado por unanimidad a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para cargos públicos por abuso de autoridad y destrucción de registros.

Además, Argentina enfrenta fallos por 1.500 millones de dólares en indemnizaciones a deudores, con una fianza de 337 millones ya depositada en un tribunal británico.

Así, la manipulación del INDEC, más allá de una maniobra política, se tradujo en una costosa carga financiera para los argentinos.

8. Estatización de los ahorros de los jubilados (AFJP): Ley 26.425 del 9/12/2008 se encuentra en www.boletinoficial.gob.ar

En 2008, durante el gobierno de C.F.K., Argentina estatizó las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones mediante la Ley 26.425, eliminando el sistema de capitalización privada creado en 1993 bajo Carlos Menem (Ley 24.241).

Los fondos, valuados en $98.224 millones (unos USD 30.000 millones), pasaron al Estado, integrándose al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, para crear el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de reparto.

La medida, aprobada el 20/11/2008 por el Senado (46 votos a favor, 18 en contra), buscaba garantizar la sustentabilidad previsional tras la crisis de las AFJP, agravada por la debacle financiera de 2007-2008.

9. Estatización Forzosa de YPF: En 2012, durante el gobierno de C.F.K., Argentina expropió el 51% de YPF, controlada por Repsol, mediante la Ley 26.741, impulsada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Este defendió la medida como un acto de soberanía energética, redactó el proyecto que el Congreso aprobó el 3/05/2012. En 2014, ya como ministro de Economía, Kicillof negoció una compensación de 5.000 millones de dólares en bonos para Repsol.

Sin embargo, su decisión de no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, como Petersen Energía, violó los estatutos de YPF y desencadenó un litigio internacional.

En 2023, la jueza L. Preska, en Nueva York, condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses a fondos como Burford Capital, que adquirieron los derechos de los minoritarios, elevando el costo a más de 21.000 millones de dólares.

El hecho es atribuido por críticos a la impericia de Kicillof, quien subestimó las consecuencias legales de su estrategia